El pasado lunes 10 de mayo de 2010, fue presentada en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, una denuncia penal contra los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; contra el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro González Alfaro; así como en contra de los actuales jerarcas…

Efectivamente, los demandantes consideran que, eventualmente, la llamada “indemnización” ofrecida a las actuales personas trabajadoras de JAPDEVA, por un total de 137 millones de dólares (80 mil millones de colones), a cambio de que se acepte la privatización, vía concesión, de los muelles de Limón y de Moín, podría constituir un acto corrupto al violentarse varias legislaciones.

Al presuntamente violentarse la legislación, podría haberse incurrido en delitos como tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, influencia en contra de la Hacienda Pública, penalidad del corruptor, malversación, entre otros.

De prosperar la demanda en cuanto a su admisión, podría abrirse paso para presentación de nuevas acusaciones, específicamente por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), en contra de otros funcionarios de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que en el caso del “Golpe de Estado “ a la legítima junta directiva del sindicato SINTRAJAP, estuvieron dictando resoluciones ilegales.

De la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), San Jose, Costa Rica, 13 de mayo de 2010